Funcionario de carrera: qué es, cómo se consigue y qué derechos tiene en 2026

El artículo 9.1 del Estatuto Básico del Empleado Público lo define como quien, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Cada palabra cuenta: no hay contrato sino nombramiento, no se aplica el Estatuto de los Trabajadores sino el Derecho Administrativo, y la relación no tiene fecha de fin.

Es la figura central de la función pública: de los cuatro tipos de empleado público que distingue la ley, solo el funcionario de carrera reúne plaza fija, inamovilidad y acceso por oposición. Y hay funciones que la ley le reserva en exclusiva (art. 9.2): las que suponen ejercer potestades públicas o salvaguardar los intereses generales. Por eso los cuerpos de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, la Seguridad Social, las policías o la Hacienda pública son siempre de funcionarios.

En la calle se llama «funcionario» a cualquier persona que trabaja para lo público, pero el término técnico es más estrecho: un interino también es funcionario, aunque temporal, y el personal laboral no lo es aunque trabaje en el mismo despacho.

Para participar en un proceso selectivo hay que cumplir los requisitos generales del artículo 56 del TREBEP: tener la nacionalidad española (los ciudadanos de la UE pueden acceder a los cuerpos que no ejercen potestades públicas, art. 57), poseer la capacidad funcional para las tareas, haber cumplido 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa, no haber sido separado del servicio ni estar inhabilitado, y tener la titulación exigida para el grupo del cuerpo: Grado universitario para A1 y A2, Técnico Superior para B, Bachiller o Técnico para C1, ESO para C2 y ninguna para las Agrupaciones Profesionales (art. 76).

Los sistemas de acceso son la oposición y el concurso-oposición (art. 61.6): en los dos hay pruebas que miden la capacidad y ordenan a los aspirantes; en el segundo, además, se valoran méritos con una puntuación que nunca decide por sí sola el resultado. El concurso de méritos a secas solo cabe con carácter excepcional y por ley. Te lo explicamos con ejemplos en la guía de oposición frente a concurso-oposición.

Aprobar no basta: la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de cuatro requisitos (art. 62):

Muchas convocatorias intercalan un curso selectivo o un periodo de prácticas entre el examen y el nombramiento (art. 61.5). Mientras dura, se es funcionario en prácticas, no de carrera: la condición definitiva llega con la toma de posesión.

El artículo 14 del TREBEP recoge los derechos individuales de todos los empleados públicos, pero el primero de la lista solo lo tiene el funcionario de carrera: la inamovilidad en la condición. Significa que no puede ser despedido: solo pierde la plaza por las causas tasadas que vemos en la sección 8. Ni una reorganización, ni un cambio de gobierno, ni la amortización de su puesto le quitan la condición de funcionario; como mucho, cambian su destino.

A partir de ahí, el mismo artículo garantiza el desempeño efectivo de las funciones de su cuerpo, la progresión en la carrera profesional y la promoción interna, las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio, la formación continua preferentemente en horario laboral, la defensa jurídica por actos del cargo, la conciliación, la desconexión digital, la protección de la seguridad y salud, y las vacaciones, permisos y licencias con la jubilación en las condiciones legales. A ellos se suman los derechos colectivos (sindicación, negociación, huelga) del artículo 15.

A cambio de la estabilidad, el funcionario asume un código de conducta (arts. 52 a 54 del TREBEP): objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público y respeto a la Constitución. El incumplimiento se sanciona por el régimen disciplinario del título VII: las sanciones van desde el apercibimiento hasta la separación del servicio, reservada a las faltas muy graves (art. 96), pasando por la suspensión de funciones, el traslado forzoso o el demérito en la carrera.

La otra gran obligación es la de incompatibilidades: la Ley 53/1984 limita el desempeño de un segundo puesto público y condiciona las actividades privadas a una autorización de compatibilidad. Es un tema que aparece en el temario de casi todas las oposiciones de administración.

Las retribuciones se dividen en básicas y complementarias (art. 22). Las básicas son el sueldo del grupo y los trienios, iguales en toda España porque los fija la Ley de Presupuestos (art. 23); las complementarias retribuyen el puesto (complemento de destino por nivel y complemento específico), la carrera y el desempeño (art. 24). Hay dos pagas extraordinarias al año (art. 22.4).

Fuente: retribuciones del personal funcionario 2026, Ministerio de Hacienda (Real Decreto-ley 14/2025).

Con los complementos, un auxiliar administrativo del Estado (C2, nivel 14) parte de unos 1.545 € brutos al mes en 14 pagas y un administrativo (C1, nivel 16), de unos 1.800 €, según los ejemplos oficiales que desarrollamos, con calculadora, en la guía del sueldo de los funcionarios 2026. El nivel del puesto y su importe están en la guía del complemento de destino, y la antigüedad, en la de trienios.

El funcionario de carrera tiene derecho a la promoción profesional (art. 16.1). La ley prevé cuatro caminos: la carrera horizontal (subir de grado o categoría sin cambiar de puesto), la carrera vertical (ascender de puesto por concurso o libre designación), la promoción interna vertical (pasar a un cuerpo de un subgrupo superior) y la promoción interna horizontal (cambiar a otro cuerpo del mismo subgrupo).

La promoción interna exige dos años de servicio activo en el subgrupo inferior, la titulación del cuerpo de destino y superar unas pruebas que pueden eximir de las materias ya acreditadas al ingresar (art. 18 del TREBEP y arts. 73 a 78 del RD 364/1995). Es la vía por la que un auxiliar administrativo C2 pasa a administrativo C1 y después a gestión A2, con preferencia para elegir vacante sobre el turno libre. El detalle, con el itinerario completo por grupos, está en la sección de promoción interna de la guía de tipos de funcionarios.

Desde 2007 la ley añade la evaluación del desempeño (art. 20): un sistema objetivo y transparente que mide la conducta profesional y los resultados, y cuyos efectos alcanzan a la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos y las retribuciones complementarias.

Ser funcionario de carrera no obliga a estar siempre en el puesto. El artículo 85 prevé cinco situaciones administrativas: servicio activo (la normal, con todos los derechos y deberes), servicios especiales (cargos públicos, altos cargos, diputados, misiones internacionales: se reserva la plaza y cuenta el tiempo), servicio en otras Administraciones (cuando se obtiene destino en otra Administración por concurso o transferencia), excedencia y suspensión de funciones.

La excedencia (art. 89) tiene varias modalidades: por interés particular (exige cinco años de servicios previos y no computa para trienios ni retribuciones), por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por violencia de género o sexual y por violencia terrorista. Es lo que permite, por ejemplo, dejar la plaza unos años para trabajar en la empresa privada y volver después sin perder la condición de funcionario.

Solo por cinco causas, todas tasadas en el artículo 63 del TREBEP: la renuncia voluntaria (por escrito y aceptada por la Administración; no impide volver a opositar), la pérdida de la nacionalidad que se tuvo en cuenta para el nombramiento, la jubilación total (voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente), la sanción disciplinaria firme de separación del servicio y la pena firme de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

No está en la lista el despido, ni la amortización del puesto, ni el bajo rendimiento por sí solo: ahí está la diferencia práctica con cualquier contrato de trabajo. La jubilación forzosa se declara a los 65 años, con posibilidad de pedir la prolongación hasta los 70, salvo en los cuerpos con normas propias (art. 67).

El interino comparte funciones y sueldo con el de carrera, pero no la estabilidad: su nombramiento termina cuando la plaza se cubre y nunca se convierte en fijo (art. 10.2). El laboral fijo sí es estable, pero por contrato: tienes la comparación completa en la guía del funcionario interino y en la de tipos de funcionarios y grupos.