Oposiciones Subalterno Gobierno de Canarias 2026: 20 plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias convoca 20 plazas de la Agrupación Profesional de Personal Subalterno de la Administración General de la Comunidad Autónoma, todas ellas reservadas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite. Las plazas salen de la acumulación de tres ofertas de empleo público: 9 de la de 2023, 7 de la de 2024 y 4 de la de 2025.

Es el primer proceso selectivo específico para personas con discapacidad intelectual que convoca la Administración canaria. La propia resolución lo reconoce así y explica que por eso se ha diseñado un sistema de selección adaptado, de carácter esencialmente práctico, negociado en la mesa sectorial de personal funcionario.

Las funciones son las propias del personal subalterno: vigilancia, custodia de oficinas e inmuebles, traslado de documentos y expedientes, entrega de notificaciones y otras tareas de naturaleza análoga. Si tienes dudas sobre en qué consiste el puesto, te lo explicamos en qué es un subalterno.

Quien se presente por esta convocatoria no puede participar por ningún turno de la convocatoria general que se haga para el mismo tipo de puestos.

La base 6.ª de la convocatoria establece que el plazo de solicitudes no empieza el día siguiente a la publicación, como es habitual, sino un mes después, y que dura 20 días hábiles. Ese mes de margen es deliberado: sirve para que las personas aspirantes y sus familias puedan leer con calma las bases y reunir la documentación.

Según ha comunicado el propio Gobierno de Canarias el 31 de julio, el plazo estuvo abierto del 1 al 28 de septiembre de 2026. La Dirección General de la Función Pública publicará además en su web un anuncio con los días concretos de inicio y fin, junto con las instrucciones de presentación, que serán vinculantes.

Los requisitos se recogen en las bases 3.ª y 4.ª y deben cumplirse el último día del plazo de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso:

• Discapacidad intelectual leve, moderada o límite reconocida oficialmente, con un grado igual o superior al 33%. En la solicitud se declara bajo responsabilidad y se acredita después con el certificado o resolución del órgano competente.
• Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el certificado de escolaridad o equivalente.
• Edad: tener cumplidos 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.
• Nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, con los supuestos asimilados habituales.
• Capacidad funcional suficiente para las tareas del puesto y no haber sido separado del servicio ni estar inhabilitado.

La convocatoria aclara que la prueba ya viene adaptada a la discapacidad intelectual, por lo que no se tramitan adaptaciones por ese motivo. Sí se pueden pedir, al presentar la solicitud, adaptaciones o ajustes por otras discapacidades concurrentes, acreditándolas con certificado e informe.

El sistema es de oposición y hay un único ejercicio, obligatorio y eliminatorio, dividido en dos partes que se entregan a la vez. El tiempo total es de 120 minutos y cada persona lo reparte como quiera entre las dos partes. La nota final es la suma de ambas, sobre 10 puntos.

Las preguntas en blanco y las falladas no restan en ninguna de las dos partes. Es un detalle importante a la hora de plantear la estrategia de examen: conviene contestar todo.

El programa del Anexo II tiene ocho bloques de contenidos, y la propia convocatoria indica cuántas preguntas del repertorio corresponden a cada uno: la Administración Pública canaria (al menos 40), clases de personal, derechos y deberes, código de conducta, igualdad y acceso de personas con discapacidad (al menos 40), y después seis bloques prácticos de al menos 10 preguntas cada uno (control de acceso e identificación, paquetería y documentación, máquinas de reproducción y escaneo, correspondencia, tareas fuera del centro de trabajo e incidencias).

El examen se hace en una de las dos provincias, a elegir en la solicitud, y hay un único llamamiento. El orden de actuación empieza por la letra B.

Las plazas son de funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, encuadradas en la Agrupación Profesional de Personal Subalterno. Los puestos concretos que se ofrecerán se identificarán cuando el tribunal apruebe la lista de personas seleccionadas, previa reunión de la Comisión de Seguimiento para la integración laboral de las personas con discapacidad, buscando las vacantes más adecuadas al perfil de cada persona.

Dos matices que conviene tener claros desde el principio. El primero: de este proceso no se constituye lista de empleo, es decir, no genera bolsa de interinos. El segundo: sí se elabora una lista adicional de personas aprobadas no seleccionadas, para cubrir la plaza si alguien de la lista principal no reúne los requisitos o no completa los trámites.

Los plazos máximos también vienen fijados: no deben pasar más de 24 meses entre la publicación de la convocatoria y el nombramiento, ni más de 15 meses entre el examen y la propuesta definitiva del tribunal.

Mientras llega septiembre, lo útil es empezar por el repertorio de preguntas y la guía de apoyo que ha publicado la Función Pública: al ser preguntas conocidas de antemano, el trabajo consiste sobre todo en comprenderlas y repasarlas con constancia. En Canarias hay más procesos abiertos y previstos que puedes consultar en nuestra página de oposiciones del Gobierno de Canarias.